Defensores latinoamericanos firmaron la Declaración Metropolitana de Derechos Humanos
El Encuentro internacional sobre Derechos Humanos y Metrópolis realizado el 23 y 24 de abril en la ciudad de México concluyó con la firma de la Declaración Metropolitana de Derechos Humanos. Durante las dos jornadas la Defensora del Pueblo, Alicia Pierini, y el Titular de la Comisión de Derechos Humanos mexicano, Emilio Álvarez Icaza, analizaron el conjunto de los problemas relacionados con seguridad humana, pública y acceso a la justicia que presentan las grandes metrópolis del continente.
Junto al Defensor de Montevideo, Fernando Rodríguez, a la Procuradora de DDHH de Brasil, Gilda Carvalho, y al Representante del Capítulo chileno del Ombudsman, Sebastián Cox, también se consideraron los conflictos organizacionales que afrontan las instituciones de garantía y promoción de derechos para mantener sus autonomías, promover el diálogo, incidir en las políticas públicas e impedir la burocratización de sus procedimientos.
La Dra. Alicia Pierini manifestó la necesidad de construir una doctrina de “ombudsman” adecuada a la realidad latinoamericana actual y a la identidad histórica de cada nación, con el objetivo de cooperar en el mejoramiento de las democracias. En este sentido, aseguró que “la manera de pensar de los defensores del Pueblo debe partir desde una concepción integral de los derechos humanos, y convertirse en un vehículo que alcance a las distintas áreas del Estado, promoviendo gabinetes mixtos u otras herramientas de gestión”. Para ello considera indispensable impulsar “sistemas de gestión que incorporen las herramientas de la eficiencia, de la mejora continua, de la transversalidad, de la conducción por objetivos, de la mediación, del diálogo y de las buenas prácticas institucionales”.
En las jornadas participaron delegados del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de la Universidad Nacional de México, de Perú, Venezuela, Panamá y Ecuador, así como docentes y estudiosos de centros académicos mexicanos.
Pierini propuso al final de su exposición el desarrollo de “un modelo de gestión estatal independiente, que sirva a la democracia y que posibilite también, en el mismo giro, la gestación de nuestra propia doctrina de los Derechos Humanos desde las raíces y visión latinoamericana”.