Miércoles, 8 de Agosto de 2007

La Corte Suprema le dió la razón a la Ciudad

Durante más de dos décadas la historia del Parque de la Ciudad estuvo signada por las batallas judiciales. Comenzó en 1977, cuando el intendente del gobierno militar, Osvaldo Cacciatore, llamó a licitación para entregar el predio de 78 hectáreas en concesión. La empresa Interama SA se hizo cargo del lugar. En 1983 se le quitó la concesión y la empresa le inició a la Ciudad, que se hizo cargo del predio, un juicio en el fuero Civil por más de 1500 millones de pesos.

Por su parte, los sub-contratistas acreedores de la quebrada Interama SA, habían solicitado a la Justicia que se condene a la Ciudad de Buenos Aires por el mayor valor que adquirió el predio municipal concesionado por Interama, a raíz de diversas construcciones que se le realizaron.

La demanda fue escalando hasta que, en 1999, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial condenó a la Ciudad de Buenos Aires al pago de un resarcimiento de entre 837.844.022,40 y 1.638.570,29 pesos. Esta decisión fue recurrida por la Ciudad de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a quien se remitieron estos autos caratulados ”Parques Interama S.A. s/ quiebra c/ M.C.B.A. s/ ordinario”.

Ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia condenatoria de la Sala “B” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. El fallo fue por unanimidad. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Maqueda, E. Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, entendieron que no podían los acreedores accionar por si mismos contra la ciudad ni subrogándose en los derechos de su deudor. Los jueces consideraron que la demanda que había sido presentada carece del sustento legal adecuado para obtener una decisión judicial obligatoria.

Para fundar esta decisión, sostuvieron que ellos no pueden ser considerados “edificantes” en los términos de los artículos 2588 y 2589 del Código Civil, ya que no han construido los acreedores para sí, sino para Interama S.A., con la cual realizaron contratos a título oneroso. Además, los jueces descartaron que pudieran reclamar a la Ciudad de Buenos Aires este mayor valor, pues el propio deudor ya reclamó en otro juicio el valor de las edificaciones del terreno.

En su fallo, la Corte Suprema afirma que la sentencia apelada incurre en graves errores de concepto acerca de la naturaleza y alcance de las relaciones jurídicas existentes en la municipalidad conceden­te, la empresa concesionaria Interama S.A., y los terceros acreedores de esta última, que verificaron sus créditos en la quiebra de la concesionaria y en representación de quienes el síndico promovió la demanda que originó esta causa.

Y si se me permite una disgresión, hasta donde yo entiendo, ningún estudiante universitario con graves errores de concepto debería aprobar un examen. Menos aún un abogado. Mucho menos un juez. ¿Qué decir entonces de un camarista? Por eso, me cuesta entender cómo llegaron a ser lo que son -al menos hasta el año 1.999- los abogados devenidos en jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, cuyos “errores de concepto” casi se transforman en un perjuicio contra los porteños por 1.600 millones de pesos.

Hernando Mankus

Fuente: Varias