Apuntes de la corrupción durante la pandemia: ¿jugamos un poliladri?

El ex ministro de Modernización, Andrés Ibarra, afirmó que con los expedientes digitales se pueden conocer todos los detalles de las compras que se hacen en la administración pública, y criticó la decisión del Gobierno nacional de permitir la vuelta de los trámites en papel en las dependencias estatales, señalando que la pandemia de coronavirus no puede ser utilizada como justificación.

Hasta aquí, el sistema heredado de la gestión anterior gozaba de transparencia gracias a la implementación de expediente digital, su atributo de inalterabilidad inherente, y al acceso público a esta información. Esto quedó evidenciado en la rápida detección de los sobreprecios que el Gobierno de Alberto Fernández estaba pagando por alimentos e insumos básicos destinados a la población más vulnerable, en lo que muchos ya conocen como el «escándalo de los fideos» o el «escándalo del alcohol en gel», donde se estaban pagando precios muy por encima de los precios máximos que el mismo Estado había publicado.

Lo concreto es que funcionó tan bien el sistema de trámites digitales implementado durante la gestión macrista, y dejó tan expuestos a los implicados, que Alberto Fernández no tuvo más remedio que ordenar a Daniel Arroyo que echara a los funcionarios de su ministerio implicados en este negociado.

Pero como dijo un zorro el día que lo atraparon en el gallinero: «esta vez me atraparon, pero la próxima no será tan fácil…«. Así que, este lunes, a través del decreto 338, Alberto Fernández autorizó un procedimiento de contingencia que permite recurrir al papel si se registran fallas en el módulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Si bien la Secretaria Legal y Técnica del Presidente, Vilma Ibarra, aclaró que la medida solo aplica a los casos en que la falla del sistema dure “más de una hora”, desde la oposición señalaron que los expedientes en papel dificultan las tareas de control y favorecen los episodios de corrupción.

Desde el Gobierno nacional defendieron la medida alegando que en momentos de emergencia como los que vivimos el Estado no puede quedar “paralizado” ante una caída del sistema.

Pero como todos sabemos, los papeles se pueden perder, reescribir, remplazar, tachar, fraguar, y es más difícil acceder a su contenido y hacer el correspondiente seguimiento para verificar la transparencia de la gestión oficial. Por lo tanto, se deduce que este decreto es una medida que busca evitar registro unívoco de los actos de gobierno, y también evitar el control por parte de la ciudadanía de dichos actos, constituyéndose en un hueco o punto débil creado en el sistema de información pública y que no puede tener otro fin más que facilitar el ocultamiento de la corrupción.

NdeR: poliladri no significa «policias y ladrones», poliladri significa «muchos ladrones».