La Legislatura porteña aprobó la ley de libertad de expresión

La Legislatura aprobó el proyecto de ley que "garantiza el derecho de todas las personas de buscar, expresar, recibir y difundir libremente, por cualquier medio de su elección, informaciones, opiniones, ideas y manifestaciones culturales de toda índole, sin ninguna restricción directa o indirecta, ni censura de ninguna clase, dentro del marco armónico y determinaciones que surgen de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires".

La norma sancionada establece la protección al ejercicio de la libertad de expresión de ideas, informaciones, creaciones culturales, científicas, propuestas o críticas políticas o institucionales, o expresiones religiosas, así como el acceso a la información y a la cultura, vedando toda forma de censura abierta o encubierta, que proviniere de las autoridades de la Ciudad o de otras jurisdicciones, y previendo los procedimientos jurisdiccionales para que esa protección no resulte ser meramente declarativa y se realice dentro del marco armónico y determinaciones que surgen de los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

La llamada ley de defensa de la libertad de expresión en la Ciudad de Buenos Aires tiene 35 artículos incluido el de forma y comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad. El texto fue consensuado en la Comisión de Asuntos Constitucionales como consecuencia del DNU Nº 2/2013 emanado del Poder Ejecutivo que tuvo por objeto crear un Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión en la Ciudad.

"La importancia de los medios de comunicación en la sociedad actual -se sostuvo en los fundamentos- ha sido reconocida por el Congreso Nacional, que mediante el dictado de la Ley Nacional N° 25.750 –Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en el año 2003- ha otorgado una especial protección a la actividad en términos generales". Además, "numerosas constituciones provinciales han incorporado previsiones en defensa de las libertades de imprenta, prensa y expresión, tales como las de Catamarca, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis y Santiago del Estero, entre otras".

"En definitiva, la materia no ha sido delegada por las provincias al Gobierno Federal ni resulta ser delegable en atención a las normas citadas, por consiguiente le cabe ser atendida por la legislación local para proveer a su tutela, y promoción" argumentaron los firmantes del dictamen en mayoría, de manera que "compete pues, a esta Legislatura la sanción de las normas que brinden, normativamente y en los hechos, la tutela que aquellas normas fundamentales (los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires) expresan en forma declarativa".

En minoría, el interbloque que encabeza el Frente para la Victoria, recomendó el archivo de los expedientes argumentando, entre otras cosas: "queda claro que la presente no se trata de una discusión jurídica sino política que refleja la imposibilidad de proceder de acuerdo a la reglamentación vigente en materia de Decretos de Necesidad y Urgencia y que no se han alcanzado los consensos para ratificar el mismo, ya que para todos resulta evidente que no se trata de defender los derechos de libertad y expresión y la autonomía local sino que se intentan proteger los intereses particulares de un determinado grupo económico". Se afirmó que "en virtud del poder y la amplificación mediática del mencionado grupo y con el afán de no quedar excluidos del mismo los autores del proyecto en estudio y el ejecutivo local, mendazmente intentan replicar aquí el espíritu del DNU, transcribiendo textualmente su nodo y poniendo irregularmente en tratamiento el mismo".

Por su parte, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, dio un discurso al día siguiente de aprobarse esta ley, cuyo texto reproducimos abajo:

Ayer, en la Legislatura, 35 diputados tanto del oficialismo como de la oposición hicieron ley nuestra iniciativa para defender la libertad de prensa en la ciudad de Buenos Aires.

Quiero agradecer y felicitar a cada uno de ellos, no sólo por apoyar esta Ley, sino porque pudieron dialogar y ponerse de acuerdo para sancionar una norma importante, más allá de las diferencias políticas. Eso habla del valor de la democracia.

Nadie tiene toda la verdad. Nadie representa por si solo al pueblo, a la patria, o a las instituciones. El que se cree dueño de la verdad niega la posibilidad de una sociedad pluralista, respetuosa de las diferencias.

Quiero felicitar también al gobernador de Córdoba por haber tomado una iniciativa similar. Vuelvo a invitar a los demás gobernadores a que también la adopten. Defenderían no sólo a la libertad de prensa, sino también el federalismo, avasallado en estos años por el gobierno nacional.

Hoy los convoqué por otro tema, que si bien es distinto tiene mucho en común.

Como les dije en su momento, en la Argentina hay un debate sobre las instituciones y la libertad.

En muchas medidas que toma el gobierno nacional se ve un espíritu autoritario, que viola los fundamentos de la democracia, entendida no como una teoría abstracta sino como una forma de ver la vida en sociedad.

La mentira siempre es mala, pero es peor cuando viene del Estado porque hace que pierda seriedad, complica la vida de la gente y nos pone al margen de la comunidad internacional. Ningún país del mundo serio se maneja con cifras truchas y persigue a los investigadores independientes para que no se sepa la verdad.

Cuando el Estado nos miente en la cara, el mensaje que transmite es que da todo lo mismo. La mentira oficial hace que el Estado pierda autoridad y seriedad, y encima complica la vida de la gente.

El mayor símbolo de la mentira en nuestro país es el INDEC. Su índice de inflación simboliza lo trucho como cultura y como forma de gobernar. No se puede construir confianza de ningún tipo con un Estado que te miente en la cara.

Estamos en el siglo XXI. En la sociedad de la información. Ningún país puede desarrollarse en este siglo de la información sin datos objetivos para poder planificar.

En la ciudad de Buenos Aires no queremos un diario de Yrigoyen para gobernar. Yo no necesito que me mientan para gobernar, y espero que ningún gobernante lo necesite.

Hoy quiero anunciarles que la ciudad de Buenos Aires tendrá su propio índice de precios al consumidor. Publicaremos todos los meses un índice de inflación transparente, serio y verdadero. Este índice está avalado por expertos, auditado por la sociedad civil, y tiene los estándares más altos de calidad y transparencia. Como merecen los vecinos.

Queremos que todos tengan la información oficial de cuál es la inflación real, que es el peor impuesto que pagan los que menos tienen.

La inflación roba todos los días sus recursos a los trabajadores, especialmente a los más débiles que no están protegidos por los sindicatos.

Nuestro país hoy es, junto con Venezuela, uno de los que más inflación tienen en todo el mundo. Y no es cierto que sea necesaria para que haya crecimiento, consumo y trabajo. Esa es la excusa de quienes no quieren o no saben resolverla.

Hoy son pocas las provincias que están midiendo su inflación. También invito a todos los gobernadores a que hagan su propio índice. Si el gobierno nacional ha decidido mentir, ustedes no tienen por qué acompañarlo. Su responsabilidad y su derecho en un país federal es tener la autonomía para decirle la verdad a la gente.

Seguiremos trabajando todos los días para que vos puedas vivir mejor. Ese es nuestro único objetivo. Tenemos claro que, para lograrlo, hay que trabajar y hacer obras, pero también hay que defender valores como es el de tu libertad y el de la verdad.

Porque el único poder que tenemos es el que vos nos das para que trabajemos juntos.

Muchas gracias.