Pese a que el Gobierno porteño prometió
erradicarlo el año pasado, el depósito de automóviles,
denominado Playa Judicial Jumbo, sigue funcionando en
el cruce de las avenidas Cruz y Escalada.
El 10 de Mayo de 2003, cerca de 400 vecinos de
la zona sur de esta Capital, más precisamente de los
barrios de Villa Lugano y Villa Soldati , se convocaron a modo
de simulacro de una Audiencia Pública de Requisitoria
Ciudadana -como una forma de emular la que estaba prevista,
desde hace meses, pero que el gobierno de la Ciudad no realizó
porque adujo dificultades para reglamentar esta herramienta
de participación ciudadana- para debatir diversos temas
vinculados a las necesidades más inmediatas de la zona.
Entre ellos, discutieron sobre la factibilidad
de construcción de un hospital público en la zona
y la realización de un nuevo pedido de informes al Gobierno
de la Ciudad respecto a las demoras en el levantamiento definitivo
del Cementerio de Automóviles de la playa Jumbo. La audiencia
fue convocada por diversas Organizaciones no Gubernamentales
(ONG) de la zona, tales como: Lugano en Marcha, Asociación
Civil Luces, Vecinos Barrio CLS Copello, Asociación Civil
Nágera, Centro comunitario Papi's y la Sociedad de Fomento
El Progreso.
Del encuentro participaron además sectores
del la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), liderados por
el secretario de Organización de la Capital Federal,
Luis Otero; grupos de desocupados y la Legisladora porteña
por el Partido Humanista Lía Méndez.
Luego de la Audiencia, a la que no asistió
ningún representante del Ejecutivo, a pesar de que se
remitieron las invitaciones pertinentes, se emitió un
comunicado de prensa en el que expresaron: "Los vecinos
no vamos a cesar en esta lucha que no sólo incluye la
necesidad de construcción de un hospital, sino además,
el definitivo levantamiento del Cementerio de Autos, mayor presupuesto
a los Centros de Salud y la construcción de nuevas escuelas
primarias y secundarias en la zona, ya que escasean las vacantes".
Agregaron: "Es de destacar que este tipo de Audiencia Pública
no es de carácter vinculante, por lo que aún no
podemos entender que los funcionarios progresistas del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires no cumplan con sus deberes públicos".
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